Sale Juan Gerardo
Ferretiz de Seduvop
Este medio día el
gobernador del Estado, Fernando Toranzo Fernández, destituyó al secretario de
Obras, Juan Gerardo Ferretiz, luego de una serie de escándalos por manejos
indebidos en la licitación de obras, incapacidad para el desdoblamiento de
proyectos a nivel estado, escándalos sexuales y días después de la enésima
suspensión de las obras de modernización de la avenida Muñoz, esta vez por
filtraciones de .
En su lugar fue
nombrada Juana Macrina Martínez Pozos, a quien se le atribuye el rescate del
proyecto de Ciudad Satélite, que ha dado al gobierno una utilidad de más de 200
millones de pesos con la venta de las primeras tres mil casas, reserva
territorial por más de 500 hectáreas y un amplio terreno que corresponde a la
zona industrial ecológica de dicha zona.
Procedente del
Infonavit, la funcionaria tiene experiencia en el ramo inmobiliario pero no se
le conoce capacidad en el ramo de la obra pública, donde tendrá el gran reto de
enfrentar una dependencia plagada de corrupción, conflictos laborales y
corrupción, particularmente por los llamados ·"moches" que solicitan
los mandos medios a los contratistas.
Trascendió que desde
el 14 de julio, cuando el gobernador despidió al secretario de Salud, se habló
también de la salida de Ferretiz, pero no se hizo público porque nadie quería
aceptar el cargo.
No hay observaciones
en congreso para la capital
La diputada Ruth Nohemí
Tiscareño, presidenta de la Comisión de Hacienda en el Congreso del Estado
rechazó que pudiera sancionar a las alcaldías que no soliciten el aval del
Congreso sobre préstamos, ya que no es posible hacerlo mientras no sean
notificados de las observaciones en la Cuenta Pública y ese proceso pudiera
tardar hasta dos años.
Lo anterior fue
expuesto por la legisladora luego de la reunión de comisión de hacienda donde
no se abordó nada sobre el caso de la capital potosina, por que ni hay
observaciones al respecto que hayan sido notificadas a dicho organismo
legislativo por parte de la ASE.
Además, hay una
salvedad para que los Ayuntamientos soliciten algunos préstamos de corto plazo
y no es necesario que pidan autorización al Congreso, aseguró.
Agregó que en el
Poder Legislativo y en concreto en la comisión que preside no tiene todavía la
información necesaria que determine si los ayuntamientos incurrieron en alguna
irregularidad sobre el manejo de los recursos, y mucho menos sin un proceso de
aclaración previo.
La legisladora
señaló que estos días, los diputados están en
el proceso de revisión de los informes de los Ayuntamientos, y se prevé
que sea hasta el próximo 12 de agosto cuando iniciará la planeación para
notificar y programar las comparecencias en donde solventarán las
observaciones.
Reiteró que ni el
propio Poder Legislativo tiene la información precisa, pero, estarán atentos al
ejercicio de los recursos por parte de los Ayuntamientos.
En el caso de los
préstamos y créditos a corto plazo, dijo que el Congreso respeta la autonomía
municipal, y reiteró que existe una salvedad para que los gobiernos municipales
no soliciten autorización al Poder Legislativo, y así está previsto en la ley.
Formaliza PAN acuerdos
para elección de candidatos
El presidente del
Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, Héctor Mendizábal Pérez
informó que se registran avances en la Mesa Política de San Luis Potosí para
definir el proceso de selección de candidato a gobernador rumbo a la elección
del próximo año.
Tras la reunión sostenida
ayer en la Fundación Rafael Preciado Hernández de la Cd. de México, a la que asistieron los aspirantes y sus
representantes se habló sobre el cuestionario y la casa encuestadora a elegir
para este proceso de selección.
Mendizábal Pérez
indicó que dentro del cuestionario que se aplicará a la población en general se
hará una medición de cada uno de los aspirantes así como la calificación que se
tiene del gobierno federal, estatal y municipal además se medirá la percepción en temas de seguridad así como la situación
económica.
El cuestionario será
procesado y validado por cada uno de los aspirantes quienes cuentan con
especialistas técnicos en el tema con la finalidad de que los resultados
cuenten con aval de todos, de esta manera se garantiza la transparencia del
instrumento de medición y la unidad entre los aspirantes.
El Comité Ejecutivo
Nacional a través de la fundación Rafael Preciado Hernández han validado una
lista de casas encuestadoras, las cuales han mostrado una metodología aceptable
en anteriores procesos y han sido avaladas por su confiabilidad.
La próxima reunión
entre los aspirantes se realizará el 19 de agosto en la Ciudad de México,
mientras tanto los trabajos continuarán en la mesa instalada en San Luis Potosí
para dar continuidad en la validación del cuestionario y casa encuestadora.
Finalmente el
Presidente Estatal del PAN señaló que será el 15 de octubre cuando se presente
ante los órganos electorales el método que se utilizará para elegir al
candidato a gobernador ya que a partir del 15 de noviembre se inicia el periodo
de pre campañas para los partidos políticos.
PAN medirá a sus precandidatos
rumbo al 2015
Reunidos en la
Fundación Preciado de la Ciudad de México, los aspirantes del PAN al gobierno de SLP, acordaron realizar una
encuesta de opinión que definirá a los mejor posicionados, quienes tras el
estudio irían a una contienda interna para obtener la postulación de su partido
a la gubernatura en el 2015.
La reunión fue
presidida por Juan Molinar Horcasitas,
secretario de Acción de Gobierno del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, y por
el presidente del Comité Directivo Estatal potosino, Héctor Mendizábal.
Los precandidatos que
asistieron personalmente son: Xavier Azuara Zúñiga, Alejandro Zapata y Octavio
Pedroza Gaitán, Juan Pablo Escobar Martínez envió como su representante a
Oswaldo Ríos; Mario Leal Campos envió a Jorge Lozano Soto; la senadora Sonia
Mendoza estuvo representada por Nestor Alejandro Rivera.
Durante la reunión
se diseñó la encuesta que permitirá saber quién de los seis aspirantes a
gobernador de San Luis Potosí está mejor posicionado, se estableció que en el
estudio de opinión únicamente se harán cinco preguntas, mismas que incluyen:
nivel de conocimiento, positivos, negativos, intención del voto y comparativos
con los aspirantes del Partido Revolucionario Institucional.
Los gananadores de
la encuesta irán a un proceso interno que sería una asamblea estatal, la
próxima reunión se programó para finales de agosto con la intención definir la
empresa que desarrollará el estudio.
Según trascendió al
sexteto original de aspirantes a gobernador se ha sumado el nombre de Ramón
Zamanillo Pérez, ex líder empresarial y actual funcionario de la Secretaría de
Educación Pública.
En la reunión llegaron
a varios acuerdos, entre ellos, no hablar hasta que la dirigencia nacional del
partido emita la información correspondiente, lo que evidentemente no
respetaron.
Consulta Popular.
¡El que pregunta, no
se equivoca!
(Refrán popular)
Por Alejandro Zapata Perogordo.
Tuvieron que
transcurrir años de deliberaciones para incluir en la Constitución como derecho
del ciudadano la prerrogativa a ser tomado en cuenta, bajo la figura
denominada: "Consulta Popular", que si bien esta insertada con
modalidades diversas en algunas constituciones locales que la incluyeron desde
hace tiempo, la realidad es que simplemente la pusieron con el afán de colgarse
la medalla como avanzados demócratas, sin ninguna intención de aplicarla, por el
contrario, le pusieron tantas trabas que resulta casi imposible llevarlo a la
práctica en lo local y por lo mismo nunca se ha utilizado.
En materia federal
no solamente tiene viabilidad, sino además es importante su aplicación en el
marco del desarrollo y fortalecimiento de nuestra democracia. Este mecanismo va
a transformar la manera de hacer política en el país y, el anuncio de la
izquierda y del Partido Acción Nacional, para presentar diversas propuestas a
efecto de someterlas a la Consulta Popular en las próximas elecciones del 2015,
van a obligar no únicamente a promover a sus candidatos, sino también en
campañas de contenidos.
Aún quedan dudas por
aclarar en relación a los alcances de la consulta, pues el Artículo 35 de la
Carta Magna deja abiertas inquietudes que en su oportunidad deberá definir la
Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una de ellas consiste en impactar a la propia Constitución o, si el
imperativo del 135 lo impide, y continua vigente el procedimiento único para
las reformas y adiciones al pacto fundamental a través del constituyente
permanente.
Los requisitos
establecidos para estar en posibilidad de concretar la consulta, en principio
se constriñe a temas de "trascendencia nacional", cuestión que en su
momento deberá calificarse como tal. La convocatoria le corresponde al Congreso
de la Unión, es decir a ambas Cámaras, ya sea a petición del Presidente de la
Republica, de una tercera parte de los integrantes de cualquiera de las Cámaras
o de ciudadanos que representen el 2 por ciento de la lista nominal de
electores. En estos momentos ningún partido de oposición por si solo cuenta con
un número de legisladores en sus bancadas que le permitan solicitar la
consulta, razón por la cual obligadamente se darán a la tarea de recabar firmas
suficientes a fin de formalizar la petición.
Lo interesante del
ejercicio estriba en la fracción VII, inciso segundo del Artículo 35
constitucional, que determina lo siguiente: "Cuando la participación total
corresponda, al menos, al cuarenta por ciento de los ciudadanos inscritos en la
lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para los poderes
Ejecutivo y Legislativo federales y para las autoridades competentes.", es
decir, obligatorio.
En esos términos, la
fuerza del ciudadano se encuentra en posibilidad real y contundente de hacerse
sentir, al obligar a los poderes a hacer
o dejar de hacer determinadas cosas, según del asunto de que se trate. Este
hecho, por sí solo, da pie a una mayor participación, pues si bien, existen
escépticos que no creen en los partidos políticos, ni en sus candidatos y menos
en las campañas, ahora están en posibilidad de acudir a las urnas con una
motivación diferente: hacer sentir su pensamiento, su manera de ver las
cuestiones públicas y emitir su opinión
directamente con efectos legales.
A su vez, los servidores públicos están obligados a
obedecer, de conformidad a los resultados que arroje la consulta. Ahora
podremos decir que el servidor que pregunta, no se equivoca.